ULTIMO MOMENTO:
REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y BLANQUEO DE CAPITALES
La iniciativa también incluye una blanqueo de capitales presentado como “Amnistía Fiscal” y el acuerdo firmado con los gobernadores que dispone el reintegro escalonado a las provincias y el Tesoro nacional del 15 por ciento de la coparticipación federal retenida desde 1992 para financiar a la ANSES.
Si bien en un primer momento fuentes del Gobierno aseguraron que el proyecto iba a ingresar por el Senado, posteriormente hubo un cambio de estrategia y se decidió por el envió a Diputados.
La elección de la cámara de origen dio lugar a un debate interno en el oficialismo, ya que si bien las iniciativas tributarias deben ingresar por Diputados, las modificaciones al régimen de Coparticipación (una ley convenio) tienen que entrar por la Cámara Alta.
Si bien los lineamientos del proyecto se habían adelantado el viernes pasado, las demoras en el envío al Congreso obedecieron a modificaciones de último momento, en especial a lo referente a la prohibición de acceder al blanqueo a los funcionarios jerárquicos, desde subsecretario hasta el jefe de Gabinete, además del presidente y vicepresidente.
La propuesta del Gobierno podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados, distribuidos en tres grupos diferenciados: los que tienen sentencia judicial firme, los que iniciaron una demanda pero aún no tienen sentencia y los que no recurrieron al juicio.
En todos esos casos, para acceder al beneficio deberán renunciar a realizar demandas a través de un convenio con la ANSeS y homologado por la Justicia.
Los tres casos tendrán una actualización en sus haberes jubilatorios que oscila, según los casos, entre el 35 y el 51 por ciento, pero con un tratamiento diferente en lo que respecta a los haberes retroactivos.
Aquellos con sentencia firme cobrarán lo adeudado el 50 por ciento al contado y el resto en cuotas, a los que no tengan fallo judicial se les pagará con el mismo criterio pero solamente los últimos 48 meses, en tanto quienes no hayan iniciado juicio no tendrán derecho a retroactividad.
El costo fiscal de la medida es de unos 75 mil millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, a los que deben sumarse una suma de 47.000 millones a 55.000 millones de pesos para el pago de los retroactivos y 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones.
A esos recursos, la ANSeS debe agregar la pérdida de unos 21.000 millones de pesos por la devolución a las provincias y al Tesoro nacional de 3 puntos porcentuales de los 15 que percibía de la masa coparticipable.
