Miércoles 23 de Octubre del 2019



Con críticas al kirchnerismo, Macri oficializó veto a la ley antidespidos

El presidente Mauricio Macri oficializó ayer el veto a la ley de emergencia ocupacional aprobada por el Congreso, que preveía la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización, y volvió a advertir que “su aplicación congelará los empleos” e “incrementará la pobreza”.

23/05/2016


Mauricio Macri oficializó ayer su decisión de vetar en su totalidad la ley de emergencia ocupacional aprobada por el Congreso
Mauricio Macri oficializó ayer su decisión de vetar en su totalidad la ley de emergencia ocupacional aprobada por el Congreso

El presidente Mauricio Macri oficializó ayer el veto a la ley de emergencia ocupacional aprobada por el Congreso, que preveía la suspensión de despidos por 180 días y la doble indemnización, y volvió a advertir que “su aplicación congelará los empleos” e “incrementará la pobreza”.

Así lo hizo mediante el decreto 701/2016, publicado en el Boletín Oficial, acompañado de una extensa argumentación en la que se renuevan las críticas ya formuladas a la iniciativa presentada por el Frente para la Victoria y sancionada por la Cámara de Diputados el jueves pasado con 145 votos a favor, 3 en contra y la abstención del oficialismo.
“Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el Nº 27.251”, ordena la resolución, al tiempo que dispone que se lo devuelva al Congreso de la Nación.
Para explicar su rechazo la norma, el Poder Ejecutivo arranca sosteniendo “que uno de los grandes objetivos propuestos por el Gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas para crear millones de puestos de trabajo, a los fines de que la mayor cantidad posible de habitantes de la República Argentina tengan trabajo”.
En ese marco, añade que “ello incluye a los trabajadores registrados actuales -que son los que contempla la norma sancionada- pero también a los trabajadores informales, a los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que deberían ser incorporados al mercado de empleo”.
Asimismo, indica “que, por otro lado, la no diferenciación de la modalidad contractual que impone el artículo 2º del proyecto de ley sub examine importa desconocer las particularidades de los distintos tipos de contrataciones que se utilizan en las relaciones laborales, como por ejemplo las celebradas a plazo fijo, eventuales, por equipos, o las previstas para la industria de la construcción, entre otras, afectando los principios de igualdad y de razonabilidad”.
Además, sostiene “que en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el proyecto de ley que aquí se analiza importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de las empresas nacionales y extranjeras han manifestado su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de reducir personal, porque confían en el potencial de la República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan por el país”.
Al igual que como ya lo hicieron en declaraciones públicas el Presidente y distintos funcionarios, el decreto remarca que “contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa bajo examen, su aplicación congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años”.
En otro párrafo, recuerda que “respecto de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más de 70% del empleo privado en el país, se han propiciado una serie de medidas para reducir su carga fiscal y financiera”, y que “durante el primer trimestre de 2016 el número de asalariados privados registrados presentó un crecimiento del 0,4% con respecto al primer trimestre de 2015”.
Además, remarca que mientras en 2015 el número de trabajadores acogidos al programa Repro “era 67.200”, en la actualidad “el número oficial” es de 9.087, encontrándose acogidas a este régimen “sólo 23 empresas en todo el país”.
También asevera que “es reducido el número de procedimientos preventivos de crisis registrados durante el año 2016”.
Ya sobre el final, recuerda que “los empresarios, desde su rol de generadores de empleo y producción, se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante al menos los próximos noventa días”.
En el final del decreto, el Ejecutivo recuerda que “en los años 2010 y 2014 los más altos referentes del oficialismo de entonces, se manifestaron enfáticamente en contra de la adopción de medidas del tenor de las que propone el proyecto de ley en estudio, por su manifiesta inconveniencia y falta de razonabilidad”.
Por lo tanto, sostiene que “tales manifestaciones son también aplicables para la situación actual, por lo que luce irresponsable que en una materia sensible como es el de la creación de empleo se modifique la posición en función de una supuesta conveniencia puntual”.




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