ULTIMO MOMENTO:
EN EL MUNICIPIO Y EN UNA LIBRERIA
El fiscal de Investigación Penal Nº 4 Dr. Alejandro Maldonado, apoyado por efectivos de la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería, encabezó ayer tres allanamientos en la ciudad de El Carmen, en la causa que investiga el supuesto abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, de un ex concejal, la secretaria de Hacienda y el encargado de compras de ese municipio.
Los operativos de requisas se llevaron a cabo en la propia sede comunal, donde se hallaba en esos momentos el intendente Adrián Mendieta, una librería denominada Crillón, y el estudio contable de la secretaria de Hacienda María Flores.
Lo que se investiga es la contratación que tenía la comuna con dicho comercio que es propiedad del ex edil Víctor Hugo González y actual titular de la Intendencia de Los Diques.
De esos lugares, la policía secuestró diversa documentación relativa al expediente, aunque se vivieron tensos momentos cuando el propio intendente había objetado el proceder, si bien dijo que estaban a disposición de la Justicia. A ello se suma que en el lugar se encontraban auditores del Tribunal de Cuentas efectuando un relevamiento de las rendiciones del ejercicio 2014.
Según Mendieta, tienen todas las rendiciones presentadas en el organismo de contralor hasta el año 2013, y fue el mismo Tribunal de Cuentas que había sancionado con multa tanto al municipio como al ex vocal por la incompatibilidad cuestionada. Reveló que la causa se desprende de una denuncia que formulara años atrás el ex concejal Valencia.
Argumentó el intendente que desde hace veinte años el municipio realiza compras directas o de caja chica al comercio por cuanto es la única o más importante en su rubro, facilitando su contratación habida cuenta además de que está muy próximo a la sede comunal. “Ahí vamos cuando se compra biromes o carpetas”, ejemplificó el funcionario.
Mientras tanto, el fiscal Maldonado sostuvo que “se procedió al allanamiento y secuestro de documentos por una negociación entre el comercio y el Municipio, que sería incompatible con la función pública”.
Añadió que “hay cuatro personas imputadas”, reservándose los nombres y adelantó que “podría extenderse la cantidad de involucrados en la causa”.
Con el curso de las investigaciones y lectura de los expedientes incautados, se evaluarán otras medidas procesales a fin de acumular elementos probatorios para el esclarecimiento de la causa.
Los delitos que se les imputan tienen penas que van de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación para cumplir la función pública.
Se supo que González fue concejal en el período 2011-2015. Además, que el Tribunal de Cuentas había sancionado a los involucrados con una multa equivalente a un sueldo que fue de 9.562 pesos a 22.765 pesos.
