Martes 10 de Diciembre del 2019



Cristina fue procesada en la causa dólar futuro

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada ayer y embargada en 15 millones de pesos por el juez federal Claudio Bonadio, que la consideró responsable del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por la pérdida que sufrió el Estado con la operación de venta de dólares a futuro.

14/05/2016


 La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada ayer y embargada en 15 millones de pesos por el juez federal Claudio Bonadio, que la consideró responsable del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por la pérdida que sufrió el Estado con la operación de venta de dólares a futuro.

Bonadio consideró “impensable” que una operación financiera “de tal magnitud” hubiera sido implementada “sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, máxime cuando la propia entonces presidente de la Nación se jactaba en público de ser quien tomaba las decisiones de la política económica.
No obstante, el juez entendió que eso “no lavaba las responsabilidades” del resto de los funcionarios, rechazó la supuesta autarquía de las entidades que intervinieron y procesó al ex ministro de Economía y hoy diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof; al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros doce funcionarios de esa entidad y de la Comisión Nacional de Valores que llevaron adelante la maniobra que provocó “un perjuicio patrimonial o daño a las arcas del erario público”.
A criterio del juez, hubo una intencionalidad de perjudicar al Estado, pero no quiso avanzar en la hipótesis del motivo.
“Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo Bonadio.
El juez trabó embargo sobre los bienes de la ex presidenta y a cada uno de los procesados por 15 millones de pesos y dispuso que, tres días después de sus respectivas notificaciones, se presenten personalmente en los tribunales de Retiro, por lo que la ex mandataria deberá volver a Comodoro Py 2002.
Para el cargo que se le achaca a la ex presidenta el Código Penal prevé una condena de dos a seis años de cárcel.
La causa por la operación de dólares a futuro se inició en octubre de 2015, apenas después de las elecciones de primera vuelta, por la denuncia de los jefes de los bloques de diputados nacionales de la UCR Mario Negri y del PRO Federico Pinedo, para que se investigara penalmente el supuesto desfalco que se estaba produciendo.
En su fallo, Bonadio describió esa operación como una “ruleta descompuesta” en la que todos los supuestos jugadores, incluido el Banco Central, sabían que el dólar se tendría que pagar mucho más caro de lo que estaba en el momento de la compra (en medio de un escenario de renovación de gobierno y de atraso cambiario).
Al investigar el caso, Bonadio llamó a una serie de testigos y expertos y escuchó con atención al hoy ministro de Finanzas y ex titular del Banco Central Alfonso Prat Gay.
Bonadio citó entonces a indagatoria a Vanoli y a miembros del directorio del Banco Central, pero el 26 de febrero sorprendió con el llamado a declarar como sospechosa a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ayer, Bonadio resolvió que los argumentos de la ex presidenta en su descargo fueron “de tenor histórico político”, sin explicar las imputaciones en su contra.
Bonadio entendió que no podía limitarse a la letra fría de la autarquía del Central o de la Comisión de Valores, habló de “una subordinación de facto de las autoridades del B.C.R.A. y de la C.N.V. al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y de una ejecución de acciones en el mercado de valores a futuro conteste con las indicaciones recibidas por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”.




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