ULTIMO MOMENTO:
RECHAZARON SU EXIMICION DE PRISION
El ex funcionario provincial está acusado por el supuesto delito de “Abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública, y falsedad ideológica‘, por la adquisición de tierras de Finca El Pongo cuando se desempeñaba como ministro de Gobierno durante la primera gestión de Eduardo Fellner.De acuerdo a lo resuelto inicialmente por el Juez de Control Nº 4 Dr. Isidoro Arzud Cruz, la búsqueda del imputado vencía anoche a las 20:00 horas, de allí que pasado el mediodía de ayer la Fiscalía de Investigación Penal Nº 6 a cargo del Dr. Gustavo Alfonso Araya, pidiera al juez se libre orden de captura nacional e internacional con intervención de Interpol.
En la misma requisitoria, el Agente Fiscal reiteró al igual que en la primera petición, se allane el domicilio y se detenga al encartado.
Sin embargo hasta el cierre de esta edición no hubo dictamen desde el Juzgado al respecto, sobre todo a partir de que se supo que Berruezo aún se hallaría en territorio capitalino. Los efectivos de la Brigada de Investigaciones mantenían vigilancia en torno a su arresto.
En la tarde del miércoles Berruezo habría estado participando de una reunión en una sede empresaria de calle Belgrano al 400, y ayer en horas de la mañana acompañó a su abogado Dr. Lucas Grenni, hasta cercanías del domicilio del Juzgado de Control, cuando éste presentó el pedido de cese de detención, según reveló el mismo letrado.
No obstante ello, el Dr. Grenni aclaró que si bien cumplió con dicho trámite, aclaró que está evaluando si acepta la defensa del ex Jefe de Gabinete y que para ello debe conocer “bien” el expediente.
Al pedir la eximición, Grenni sostiene que su defendido tiene intenciones de ajustarse a derecho, que los delitos que se le imputan son excarcelables, que corresponde la investigación por citación, que no hay peligro de entorpecimiento en la causa ni peligro de fuga. Además manifestó que delito endilgado está prescripto por cuanto data del año 2002.
Empero, la Fiscalía contestó el corrimiento de vista que hizo el magistrado, al afirmar de manera contundente conforme al art. 67 del Código Penal que los delitos en los que se hallan involucrado funcionarios públicos, prescriben luego de seis años a partir de que dejan el cargo, con lo que sobradamente la causa tiene sustento jurídico.
De esa forma, el magistrado respaldó los fundamentos esgrimidos por el Agente Fiscal de Investigación Penal Dr. Araya, amen de que existe un fallo del Superior Tribunal de Justicia favoreciendo a un titular de las tierras en El Pongo y que el ex funcionario birló mediante maniobras, aprovechando su función de ministro de Gobierno, de allí que la acusación fiscal sea “abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración pública y falsedad ideológica”.
Fuentes judiciales indicaron que atento a la orden de detención y a la fuerte versión de que el imputado se encontraba aún en San Salvador de Jujuy, existiría en consecuencia una manifiesta intención de no ajustarse a derecho, eludir el accionar de la Justicia, por lo que se fundamenta el pedido de captura nacional e internacional.
