ULTIMO MOMENTO:
El ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime quedó ayer procesado con prisión preventiva en la causa por la compra de trenes inservibles a España y Portugal en 2005, en la que está detenido desde el dos de abril, y en la cual se encuentra imputado y debe prestar indagatoria el ex ministro de Planificación “K” Julio De Vido.
También fue procesado el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, aunque continuará en libertad.
La decisión fue tomada por el juez federal Julián Ercolini, quien procesó a Jaime y lo embargó por 100 millones de pesos por los delitos de “peculado, defraudación a la administración pública, cohecho, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias”.
A Manuel Vázquez, el asesor de Jaime al que detuvieron cuando intentaba esconderse en un placard, también lo procesaron por “cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, y partícipe necesario del delito de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”, y lo embargaron también por 100 millones de pesos.
Además, Ercolini procesó, sin prisión preventiva, al ex secretario Schiavi por los delitos de “peculado de bienes y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública” y le trabó embargo por 20 millones de pesos.
Fueron procesados como partícipes necesarios de los delitos adjudicados a Jaime los empresarios Ignacio Julián Soba Rojo y Ricardo Domingo Testuri, embargados ambos en 10 millones de pesos cada uno.
Por esta causa tendrá que declarar como imputado la semana próxima el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional De Vido, quien ayer también se presentó a indagatoria por la tragedia de Once.
Jaime ya fue condenado tres veces a una pena unificada de seis años de cárcel por la tragedia de Once, por dádivas y por el intento de destrucción de pruebas en un allanamiento; espera juicio oral por enriquecimiento ilícito y está siendo investigado en una veintena de expedientes.
En esta causa, por la que fue preso el pasado dos de abril, se investigan sobreprecios en la compra de trenes por 220 millones de euros, luego de que un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) detectara en 2012 que el 44 por ciento del material comprado no servía.
“Se encuentra suficientemente probada en autos la participación de un grupo de personas, conformado por Ricardo Raúl JAIME, Juan Pablo SCHIAVI, Manuel VAZQUEZ, Ignacio SOBA ROJO y Ricardo Domingo TESTURI, junto a otras que pueden surgir del devenir de la instrucción, que en forma coordinada y funcional, durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de 2012, realizaron una serie de actos que, dirigidos desde la Secretaría de Transporte (ST) dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPS), generaron un perjuicio patrimonial ilegítimo e injusto al erario público”, dijo el juez Ercolini en la resolución de 238 páginas donde dictó los procesamientos.
Según estableció, “cada uno de los nombrados fue un engranaje dentro de un mecanismo diseñado para la sustracción de la esfera del Estado Nacional de sumas de dinero pertenecientes a la administración pública”.
El juez advirtió que “el plan ferroviario de modernización era necesario” y “los contratos internacionales firmados con países más desarrollados en el rubro eran la promesa de una mejora del servicio a los usuarios, pero la finalidad legítima fue desvirtuada por los imputados, cada uno en la medida de sus responsabilidades”.
“En manos de Jaime estaba parte del patrimonio de la Administración Pública Nacional, quien sustrajo parte de esos millonarios fondos para sí o para terceros, aprovechando la confianza depositada en él por el Estado Nacional, lo que resulta absolutamente reprochable”, sostuvo el juez.
Y añadió: “Es así que las unidades adquiridas distaban de ser apropiadas para la modernización de la red de transporte ferroviario en aquel entonces e, incluso, estaban en peores condiciones que las que venían a mejorar, pues algunas ni siquiera resultaron aptas para desguace y, casi en su totalidad, el material adquirido viajó miles de kilómetros para terminar arrumbado en algún depósito de este país en carácter de inutilizable”.
Ercolini estableció que se mantendrá “el encarcelamiento preventivo” de Jaime y de Vázquez “en función del estado de la investigación, su grado de complejidad, los antecedentes del imputado, la existencia de riesgos procesales y demás elementos de convicción reunidos en este momento”.
