Lunes 23 de Octubre del 2017



De Vido se negó a declarar en el juicio por la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, se negó ayer a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral que lo juzga por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012, sólo dio sus datos personales y dijo que hablará “más adelante”, luego de serle rechazados todos los planteos para intentar frenar el inicio del debate.


El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, se negó ayer a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal Oral que lo juzga por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas en febrero de 2012, sólo dio sus datos personales y dijo que hablará “más adelante”, luego de serle rechazados todos los planteos para intentar frenar el inicio del debate.

En la tercera audiencia del juicio, al ex funcionario kirchnerista le tocó pasar al banquillo de los acusados desde donde sostuvo que, por consejo de sus abogados, iba a negarse a declarar, aunque aseguró que hablará “más adelante”.
El ex ministro, acusado por estrago culposo y defraudación, hizo estas aclaraciones luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazara el pedido de absolución de sus abogados, Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, y otro para declarar nulo el juicio.
A pesar de que no quiso declarar, por la tarde, sus abogados emitieron un comunicado en el que cuestionaron a “las partes acusadoras” porque “no brindaron ni un sólo argumento jurídico” para justificar las acusaciones contra De Vido.
La defensa de De Vido se quejó además de que las partes acusadoras rechazaran su pedido de citar al escritor y periodista Jorge Asís como testigo, dado que expuso en televisión una versión conspirativa de cómo se habría producido el choque del tren en Once.
En una entrevista televisiva, Asís aseguró que le habían contado que la tragedia de Once fue “un sustito” que “salió mal” y lo vinculó con la muerte violenta de otro maquinista de apellido Andrada.
“Yo le pregunté al Pollo (Rubén) Sobrero (sindicalista ferroviario) quién mató a Andrada y hubo un momento de vacilación. Andrada es alguien que decía que la formación más o menos funcionaba y que no quiso hacerse cargo de llevar adelante un planificado ‘sustito’”, según relató Asís.
Tras la negativa a declarar de De Vido fue el turno del también imputado ex titular de la Unidad de Renegociación de Contratos Ferroviarios, Gustavo Simeonoff, quien optó por la misma estrategia y por no hablar ante el tribunal.
De Vido está siendo juzgado en el segundo proceso oral vinculado con el choque de un tren de la línea Sarmiento contra la terminal de Once, juicio que se desprendió del primero en el que se investigó el hecho en sí mismo.
En el primer juicio, el TOF 2 dispuso condenas de entre 3 y 8 años de prisión que alcanzaron desde el maquinista Matías Córdoba hasta los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablos Schiavi.
Los condenados por la tragedia de Once siguen en libertad porque la Cámara de Casación Penal todavía no revisó las condenas dictadas en diciembre de 2015, en tanto que ayer fijó fechas de audiencia para diciembre de este año.
Tras una audiencia preparatoria mantenida con la fiscalía, abogados de familiares de víctimas, sobrevivientes y los de los acusados, la sala III del máximo tribunal penal del país dispuso escuchar sus exposiciones en tres audiencias a lo largo de tres jueves, el 7, 14 y 21 de diciembre próximos, informaron fuentes judiciales.
Por su parte, De Vido es uno de los ex funcionarios kirchneristas con más causas en contra: además del caso de la tragedia de Once, en los próximos meses se conocerá la fecha de inicio del juicio oral por la compra de trenes en mal estado a España y Portugal para el ferrocarril Belgrano, mientras que otros expedientes siguen avanzando.
En los próximos días la Cámara Federal deberá decidir qué hace con el pedido de detención formulado por el fiscal Carlos Stornelli en la causa por el supuesta malversación de fondos públicos destinados a las obras de remodelación de la mina de Río Turbio (Santa Cruz), causa en la que el juez Luis Rodríguez se limitó a citarlo a indagatoria.
El ex funcionario también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, por el manejo irregular de fondos para la construcción de viviendas sociales de la causa ‘Sueños Compartidos‘, por el pago de sobornos para acceder a obra pública de la multinacional Skanska y por supuestos sobreprecios en la compra de gas licuado.




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