Condenan al Estado a pagar por mala praxis

27 de Setiembre de 2013 | 22:15 hs.

Es por el caso del chofer que murió por hantavirus en 2009.

      
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A través de un fallo emitido el pasado 18 de setiembre, el Superior Tribunal de Justicia ratificó una sentencia de la Cámara Civil y Comercial al condenar al Estado Provincial a indemnizar a la viuda de un chofer de colectivo que murió por hantavirus el 30 de mayo de 2009, en un caso de mala praxis. Deberá desembolsar 1.665.268 pesos, suma que podría elevarse por las actualizaciones.
El viernes 29 de mayo de ese año, un hombre de 29 años ingresó a la guardia del Hospital Pablo Soria y relata que provenía de Mendoza (en esa provincia se habían detectado casos de hantavirus) en su calidad de chofer de colectivos de larga distancia. Luego de un diagnóstico primario se lo remite nuevamente a su domicilio, pero a las 05:00 del día siguiente reingresa, pero a Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria, falleciendo horas después por insuficiencia respiratoria.
El domingo 31 de mayo, una bioquímica del Ministerio de Salud llevó muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires, que el 2 de junio informó que no se trataba de un caso de influenza; y el 5 de junio del mismo año, autoridades de la cartera ministerial confirmaron que la muerte del chofer José Emilio Carabajal fue por hantavirus y no por el virus de la gripe A, como se estimó en un primer momento.
A raíz de todo ello, la viuda del chofer inició una causa por mala praxis en contra del Estado Provincial con el patrocinio de los letrados Hugo Alberto Lara (h) y Juan Sebastián Jenefes, y en julio del 2012, la Cámara Civil y Comercial que interviene hace lugar a la demanda ordenando que se indemnice a la viuda en la suma de 1.665.268 pesos al 30 de mayo de 2009.
Entre otras consideraciones, la cámara sostiene que el Estado Provincial ‘ha sido causante del infortunio que llevó a José Emilio Carabajal, a su muerte prematura que sin duda pudo haberlo evitado’.
En agosto del 2012 se apela el fallo por inconstitucional al considerar que era una suma muy alta, solicitando que se modifique la misma, alegando que ‘debe indemnizarse como daño cierto y actual la pérdida de la probabilidad de haber una cura, no la muerte en si misma, porque el paciente era portador de la enfermedad y fue eso lo que produjo su fallecimiento y no el accionar de los médicos’, según manifestara la Dra. María Jimena Bernal en su carácter de procuradora fiscal.
Pero, el 18 de setiembre de 2013, el Superior Tribunal de Justicia con las firmas de los doctores José Manuel del Campo, Clara Falcone, Laura Lamas González, Mario Ramón Puig y Carlos Marcelo Cosentini (en disidencia), confirman la sentencia precedente que condena al Estado a indemnizar a la viuda, por mala praxis y lo obliga a la pagar la suma antes indicada.
La Dra. Clara Falcone en calidad de presidente de trámite, dijo entre otros conceptos, ‘nada hay en la sentencia (de la Cámara Civil y Comercial) que pueda ser objetado en tanto se ha efectuado un pormenorizado análisis de las probanzas regularmente incorporadas a la causa, con una irreprochable interpretación, según la sana crítica racional, lo que conduce inevitablemente a la confirmación del fallo’.
Sin embargo, el Dr. Carlos Marcelo Cosentini, en su argumento se pronunció por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en relación a una reducción de los montos indemnizatorios y de honorarios profesionales.
No obstante ello, con los votos de los Dres. Falcone, Del Campo, Lamas Gonzalez y Puig, la Corte local rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial, dejando así firme la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial.
Esta había dictaminado en el juicio por daños y perjuicios iniciado por la viuda de Carabajal, condenar al Estado Provincial a pagar en concepto de daño material (pérdida de la chance) 1.335.268 pesos y por daño moral 300.000 pesos, a raíz de la muerte del esposo y padre.
En tanto que quedó firme la regulación de honorarios (que también había sido atacada) de ambos letrados de la viuda en la suma de 98.116 pesos.


      
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